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Cuando el delincuente es el Estado
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Cuando el delincuente es el Estado

Las últimas sentencias de los tribunales contra la Agencia Tributaria ponen en cuestión el papel del Estado.

Sobre la mesa un periódico con la noticia que relata el viacrucis que ha tenido que pasar un ciudadano con la Agencia Tributaria. Nuestra joven profesora comentó:

—Son demasiadas y reiteradas las noticias de atropellos cometidos por algunas administraciones públicas, cuando esperamos que estas sean las que mantengan un mayor equilibrio, el respeto a las normas y el cumplimiento de las leyes.

Este tema es de los que le gustan a nuestro viejo marino, por lo que enseguida continuó:

—Los abusos siempre son reprobables; los cometan personas, colectivos o empresas, pero cuando es la Administración se nos queda cara de tontos y mucha impotencia. El caso de esta persona de Getafe que publica el periódico no es un hecho aislado, solo que en este caso por la repercusión mediática le ha dado visibilidad, pero este no es un hecho aislado, lo que ocurre es que en la mayoría de los casos no trasciende. En esta ocasión, ha sido por gastar poca luz en su casa, según una media estadística, y eso «autoriza» a la Agencia Tributaria a exigir la devolución de las reducciones fiscales por vivienda habitual y sancionar al contribuyente.

En este caso se ha podido demostrar la iniquidad de ese órgano del Estado, pero lo que no se cuenta es la cantidad de casos similares a los que se les ha exigido las devoluciones y el pago de sanciones. Nuestro «héroe» de Getafe tuvo que presentar 1.500 folios de alegaciones —¿Quién está en condiciones de poder hacerlo? — ante la Agencia Tributaria, que como es el mismo órgano que puso la sanción, sistemáticamente las desestima. Posteriormente ante el Tribunal Económico Administrativo —que antes era un órgano independiente y en la actualidad es dependiente de la propia administración, con lo que en la práctica lo suele desestimar en la mayoría de las ocasiones—. Llegado ese punto, la mayoría de los contribuyentes desisten, se resignan y pagan; lo que sabe la propia Agencia Tributaria y juega con ese ventaja del desgaste.

Pasados los seis meses del silencio administrativo, nuestro Miguel, empleado público y conocedor de los entresijos de las administraciones recurrió a los tribunales. ¿Cuántas liquidaciones no llegan a los tribunales porque se sopesa el costo de abogados, procuradores y el largo proceso? Si no se dispone de efectivo, se pide un aplazamiento y se paga, muchas veces no compensa meterse en esos berenjenales. Hacienda ha ganado, aunque eso sea improcedente e injusto.

Nuestro viejo marino comentó:

—Si se hubiera producido un caso similar de abuso dentro de una organización privada, seguro que habría consecuencias colaterales: sanción económica, indemnizaciones y posiblemente se habría depurado a los responsables que hubiesen tenido la ocurrencia de implantar un sistema ilegal.

También, hace poco, hemos tenido otra sentencia del Tribunal Supremo por la que se ha anulado de la ley de Montoro que establecía unas costas fijas del 2% del capital reclamado para pleitear con el Fisco —otra de las causas que contribuían a desmotivar esos pleitos—. Esta sentencia venía a denunciar la profunda inseguridad jurídica que tenemos en nuestro país en el ámbito fiscal.

La lucha por la defraudación fiscal no puede ser excusa para recortar los derechos y garantías que tenemos como contribuyente. El afán recaudatorio y el saltarse algunos procedimientos quiebran esa seguridad jurídica. Esa voracidad con la que actúan nos parece un trágala rozando la extorsión, y eso nunca es entendible, ni aceptable.

Hay situaciones concretas en las que la interpretación de la ley puede derivar en que los tribunales diriman esas cuestiones para aclarar aspectos controvertidos y fijar el alcance de la ley. Esto es entendible y es lógico. Lo que no es de recibo es esa actuación sistemática por presunciones, auspiciada por las necesidades de aumentar la recaudación, ni hacer un uso torticero de las leyes, cuando no se las saltan directamente, porque saben que están en una posición dominante, y aunque haya recursos —como los mencionados— por el camino habrá miles de sancionados injusta o dudosamente que acabarán pagando.

Nuestra amiga siguió:

—Se reclama a las empresas que hagan gala de transparencia, que desarrollen un código de buen gobierno, se está legislado hasta la saciedad sobre la responsabilidad en la que pueden incurrir los administradores de las sociedades, pero en lo público ni se habla. Eso no solo es un abuso de poder, es la constatación de que en las administraciones públicas no hay una verdadera voluntad de ir al fondo de los problemas y resolverlos a favor de los ciudadanos.

Mientras nos despedíamos nuestro marino dijo:

—Cuantas de estas cosas se solucionaban cuando se les tocase el bolsillo a los responsables, se les sancionase o removiese de sus puestos. Cuando la Administración hable de «transparencia» que no nos tomen por bobos y no hagan un portal y declaraciones grandilocuentes, sino que empiecen por crear en la gestión acciones transparentes, protocolos de buen gobierno y régimen de sanciones y responsabilidades penales, civiles y económicas de todos aquellos empleados públicos y políticos que las incumplan.

Como siempre sus soluciones solo se entienden en la aldea, pero que sabemos nosotros.

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